El Gobierno ha remitido a los agentes sociales un primer borrador del anteproyecto de lucha contra el empleo irregular y el fraude laboral. El documento, al que ha tenido acceso Radio Nacional, tipifica como delito que las empresas comuniquen a la Seguridad Social, fuera de plazo, los datos requeridos por la ley. El proyecto también establece que no comunicar las variaciones de datos a la Seguridad Social se considerará como infracción grave. Además, especifica que se amplía de uno a tres años el plazo para exigir a las empresas, contratas y subcontratas, la responsabilidad empresarial en caso de fraude con la seguridad social. El plan implica del primer al último eslabón de la cadena de la contratación laboral en la lucha contra el fraude.
Las 21 páginas del texto señalan que se actuará con más dureza en situaciones de economía irregular y fraude que afecten a un grupo de trabajadores y las sanciones crecerán en proporción el número de afectados.
Fuente: rtve.es