El Subsecretario del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente, y el Decano-Presidente del Colegio de Registradores de España, Alfonso Candau, firmaron el pasado lunes 23 de julio convenio de colaboración para facilitar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el acceso a información relevante en la lucha contra el fraude. La firma de este convenio se enmarca en las acciones de refuerzo de colaboración institucional previstas en el Plan de Lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2012.
El Convenio suscrito tiene como finalidad el establecer los cauces de acceso por parte de la Inspección a información relevante sobre sociedades mercantiles que está depositada en los registros de la propiedad y mercantiles. El acceso a esos datos tiene como objeto valorar la situación económica de las empresas, tanto a efectos de elaboración de informes correspondientes a situaciones de suspensión o reducción de jornada o despidos colectivos, como para verificar la existencia de situaciones económicas que impliquen una posible causa de derivación de responsabilidad por deudas a la Seguridad Social.
Respecto del Plan de lucha contra el fraude, Pedro Llorente explicó que contempla diferentes medidas dirigidas a mejorar la eficacia de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, mediante una programación más detallada y orientada a los sectores con mayor índice de fraude.. Estas medidas implican modificaciones normativas que ya está impulsando el Gobierno como, por ejemplo, la modificación del Código Penal para tipificar como delito la explotación masiva de trabajadores sin haberlos dado de alta en Seguridad Social, o la modificación de normas relevantes para la Inspección de Trabajo, como la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que endurece determinadas sanciones frente a conductas especialmente graves, o la Ley Ordenadora de la propia Inspección de Trabajo. La modificación del Código Penal ya ha recibido el informe favorable del Consejo Fiscal y de la Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial y en cuanto al Anteproyecto de ley ha recibido las observaciones y comentarios de los agentes sociales y de las Comunidades Autónomas.
Fuente: www.elderecho.com